La sociedad española no percibe el incendio como un riesgo significativo y suele centrarse más en cumplir con normativas que en adoptar medidas efectivas de prevención. Aunque existe un marco legislativo que establece requisitos mínimos de protección contra incendios para edificios industriales y no industriales, estos no son obligatorios para construcciones anteriores a su entrada en vigor, lo que genera distintos niveles de protección.
Además, esta normativa ha llevado a un enfoque más formalista que preventivo. Sin embargo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), aprobada en 1995, introduce un cambio importante al exigir una protección efectiva contra riesgos laborales, incluyendo incendios, en la mayoría de los edificios. A pesar de esto, persisten inconsistencias en su aplicación, lo que puede derivar en una protección inadecuada en los lugares de trabajo.