En España, la normativa de Protección Contra Incendios (PCI) establece requisitos mínimos para edificios e industrias desde su diseño hasta su puesta en marcha. Destacan el CTE-DB-SI, el RSCIEI y el RIPCI, regulando la seguridad en edificios, industrias y sistemas de protección activa.
El cumplimiento de estas normas es obligatorio, pero no retroactivo, lo que genera distintos niveles de protección según la fecha de construcción. Además, su aplicación se limita a la estructura del edificio, sin considerar actividades específicas o la vulnerabilidad de los ocupantes.
Por otro lado, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) exige a los empresarios garantizar una protección eficaz contra incendios en los lugares de trabajo, aplicando medidas preventivas, reduciendo riesgos y formando a los trabajadores. En caso de incumplimiento, pueden enfrentar sanciones administrativas, civiles y penales.
En España, la seguridad contra incendios suele abordarse desde un enfoque formalista. Sin embargo, una protección eficaz requiere prevención activa, detección rápida y evacuación segura, lo que solo se consigue con formación y entrenamiento continuo del personal.